Informe Programa PAJUST Se presenta el reporte de avances de enero a diciembre 2010 del programa implementado en el marco del desarrollo de capacidades nacionales, instituciones estatales y Organizaciones de Sociedad Civil vinculadas al Programa de Acompañamiento a la Justicia de Transición en Guatemala (PAJUST), para garantizar el derecho a la verdad, la justicia, la reparación integral para las víctimas y la promoción de medidas para prevenir la repetición de violaciones a los derechos humanos, del cual la FAFG es parte activa.
Este programa se estará realizando durante un período de cinco años (2010-2014) y busca contribuir a que el Estado desarrolle políticas públicas, programas orientados a la justicia de transición, promoviendo la amplia articulación entre los distintos actores vinculados a la temática. La implementación del PAJUST en 2010 se produce dentro de una confluencia de esfuerzos positivos por institucionalizar la reconstrucción de la memoria histórica y de avances importantes en la aplicación de medidas que se enmarcan dentro de la justicia transicional en Guatemala. Los socios principales de la implementación de PAJUST son:
El Programa PAJUST está dividido en cinco componentes, a continuación se presenta un resumen de los logros de cada uno de ellos: El AHPN y la DAP desarrollaron en 2010 una relación entre verdad y justicia con el Ministerio Público, la Unidad de Averiguaciones Especiales de la IPDH y querellantes adhesivos en casos judiciales significativos en el tema de desapariciones forzadas. Estos archivos aportaron tres peritajes al primer caso juzgado por desaparición forzada en la capital. En el AHPN se realizaron dos peritajes: uno de carácter archivístico y otro estadístico, siendo éstos los primeros de su tipo en la historia de derechos humanos en Guatemala. En la DAP se realizó un peritaje histórico. A los tres peritajes les fue otorgado valor probatorio en la sentencia condenatoria emitida por el tribunal (caso Edgar Fernando García). El AHPN también realiza peritajes archivísticos en apoyo a otros procesos de investigación penal por desapariciones forzadas, conforme a solicitud y discernimiento de cargo del MP, y ha integrado 1,260 expedientes de investigación relacionados con violaciones a los derechos humanos, de los cuales 166 se refieren a casos concretos. La DAP ha dirigido esfuerzos al rescate de la memoria histórica y al cumplimiento del objetivo que le dio origen: ubicar, procesar, preservar y analizar los acervos documentales del Ejército de Guatemala, de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, del Estado Mayor Presidencial y de otras dependencias del Estado relacionadas. La DAP ha desarrollado un Sistema de Información Digital para el acceso a la documentación procesada en sus archivos, estando a disposición del público usuario los documentos del archivo provenientes del fondo de la Secretaría de Bienestar Social –SBS- y el acervo documental del Estado Mayor Presidencial (EMP). En 2010 la DAP realizó la Segunda Edición del libro “La autenticidad del Diario Militar a la luz de los documentos históricos de la Policía Nacional”, el cual amplía y valida la información cruzada del llamado “dossier de la muerte” con más de 600 documentos entregados por el AHPN en relación con operaciones militares realizadas en la capital guatemalteca entre 1983 y 1985, así como la desaparición forzada de 67 de las 183 personas que contiene el documento militar. Adicionalmente, incluye testimonios de sobrevivientes y de familiares de víctimas. En el esfuerzo de difundir la memoria histórica, el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) inició la campaña de divulgación del Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, transmitiendo cada semana una tele-revista en la región Ixil durante diez meses y difundiendo cuñas radiales en cinco idiomas mayas. La DAP produjo el informe “Niñez Desaparecida en Guatemala, como parte de la Estrategia de la Guerra. Búsqueda, casos y efectos”, basado en el análisis de los expedientes de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, en el período que abarca el conflicto armado interno. Otras investigaciones en curso se refieren a las desapariciones forzadas “Antes de entregar el poder alos civiles” (1982-1986) y “Guatemala, la infinita historia de las resistencias”. En la DAP se digitaliza y procesa libros de defunciones de los archivos de los cementerios públicos de Antigua Guatemala, Escuintla y La Verbena, en la capital, y se trabaja en el diseño de una base de datos que contribuya a los procesos de identificación de personas desaparecidas en apoyo a la campaña que impulsa la Fundación de Antropología Forense (FAFG) “Mi nombre no es XX”. También se ha organizado y digitalizado acervos documentales con expedientes del PNR y otras entidades, para consulta pública. Por su parte, el AHPN atendió 2,748 requerimientos de información del MP y la IPDH a los cuales entregó 25,621 documentos, además de los facilitados a familiares de víctimas, usuarios particulares, investigadores académicos y judiciales con información relacionada, directa o indirectamente, con los casos investigados y con diversas temáticas referidas a las estructuras y actuación del ente policiaco, entre otras.
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El AHPN ya ha puesto en acceso al público documentos de tres fondos correspondientes al Gabinete de Identificación, Cuarto Cuerpo y Jefatura de Quetzaltenango de la Policía Nacional período 1975-1985, así como cerca de medio millón de documentos del extinto Estado Mayor Presidencial. Componente 2. Derecho a la Justicia: El apoyo de PAJUST a los casos paradigmáticos de violaciones alos derechos humanos cometidas durante el CAI, busca que “al menos uno de estos casos llegue a la etapa de enjuiciamiento por año”; durante el período de implementación del PAJUST que comprende este reporte, se destacan avances sustantivos en 4 casos. 1. Se logró la confirmación de la sentencia condenatoria en segunda instancia en contra de un ex comisionado militar, como autor material de la desaparición forzada de seis personas (cinco hombres y una mujer) de Choatalum, San Martín Jilotepeque, Chimaltenango. 2. Se consiguió sentencia condenatoria en primera instancia, en contra de un coronel del ejército y cuatro ex comisionados militares por la desaparición forzada de 8 habitantes de la aldea El Jute, municipio de Chiquimula, del departamento de Chiquimula; es la primera condena de un militar de este rango por el delito de desaparición forzada, derivado de la sentencia condenatoria en este caso, se abre uno nuevo con la presentación de la denuncia por violación sexual sufrida por dos testigos de los hechos. 3. Se obtuvo sentencia condenatoria en primera instancia en contra de dos ex miembros de la extinta Policía Nacional, como autores materiales de la desaparición forzada de Edgar Fernando García, se ha previsto para el primer semestre del año 2011 la realización de la audiencia en segunda instancia en virtud de la apelación de la sentencia, presentada por la defensa de los condenados. 4. En el proceso que se sigue por la masacre de por lo menos 250 personas del parcelamiento Las Dos Erres, del municipio de La Libertad, Petén, se concluyó la etapa intermedia del proceso penal, se presentó la acusación y se solicitó la apertura a juicio en contra de tres elementos del ejército de Guatemala y se fijó para el 25 de julio del año 2011 el inicio del juicio oral o debate público.
La Unidad de Averiguaciones Especiales de la Institución del Procurador de los Derechos Humanos (UAE/IPDH) se ha fortalecido en el cumplimiento de su mandato como averiguador especial en cuatro casos de desaparición forzada (dos individuales y dos colectivos) de un total de 43 personas. En dos de estos casos, El Jute y Edgar Fernando García, logró concluir junto con el MP la etapa de investigación con suficientes elementos probatorias que individualizaron a los responsables, lo que permitió las sentencias condenatorias en 1ª. Instancia en contra de los autores materiales. En un tercero el caso Molina Theissen, la UAE presentó un informe de avances ante la Corte Suprema de Justicia, dado que el mandato de averiguador especial fue otorgado a la familia; mientras que el otro caso se encuentra en proceso de investigación en la UAE/IPDH. Otro logro significativo en este componente es la creación y consolidación del Espacio de Derechos Humanos, convocado y presidido por el Secretario de Política Criminal del Ministerio Público. Participan la FSDH, IPDH y Organizaciones de la Sociedad Civil OSC querellantes, con acompañamiento de OACNUDH, Impunity Watch y PNUD. Ha logrado impulsar acciones clave en apoyo a la efectividad de las investigaciones y estrategias, jurídicas y de incidencia. La Fiscal General ha reconocido el buen funcionamiento y la utilidad del Espacio de DDHH y se ha comprometido a promover su institucionalización. Componente 3. Derecho a la Reparación: En el ámbito del Estado, en 2010 el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) avanzó en el desarrollo de herramientas enfocadas a fortalecer sus capacidades con la configuración e instalación de una plataforma informática que contribuye a optimizar el manejo de información institucional de manera segura y ordenada; así como facilitar el acceso para proyección, planificación, programación y ejecución de medidas de resarcimiento integral. Fueron digitalizados 50,753 expedientes de víctimas, de los cuales 91% ya ha sido escaneado. También trabajó en el desarrollo del mapeo de cementerios clandestinos geo-referenciados, que proveerá información sobre lugares pendientes de exhumar. Se estableció del Día Nacional de las Niñas y Niños Víctimas del CAI para impulsar que en instituciones educativas públicas y privadas sea honrada la memoria de la niñez desaparecida durante el conflicto armado.
El PNR también publicó el libro autobiográfico “El Ixcán es mi vida”, con el fin de “reparar la visión errónea de la historia que se difundió intencionalmente durante la guerra” y “Marco Antonio Urízar. Un mártir olvidado de la época del conflicto armado en Guatemala 1962-1966”. En el área rural, en 2010 la FAFG llevó a cabo 111 inspecciones previas para ubicar fosas, con base en investigaciones de las organizaciones de acompañamiento jurídico, y 277 entrevistas ante mortem a familiares de víctimas, que aportan el perfil de éstas y las condiciones de su muerte; se realizaron 119 exhumaciones (excavaciones) en las cuales fueron recuperadas osamentas de 383 personas (número mínimo); 147 informes periciales se entregaron al Ministerio Público. Con la devolución de las osamentas de 156 víctimas a sus familias, se facilitó 64 eventos de inhumación, contribuyendo al cierre de dolorosos y prolongados procesos de duelo. El soporte legal de las investigaciones antropológico forenses durante el 2010 fue brindado de la siguiente forma: ADIVIMA – 16, AVIHDESMI – 5, ASOMOVIDINQ – 8, ASOQ'ANIL – 18, ASOCDENEB – 8, CONAVIGUA – 18, CONCODIG – 11, ETESC – 2, FAMDEGUA – 6, GAM – 7, MOVDES – 11, Oxlajuj Ajpop – 4, CALDH- 1, Ministerio Público – 3 y ODHAG – 1. Estas investigaciones constituyeron una forma de reparación para 1,148 personas que después de casi tres décadas pueden cerrar el duelo, con la certeza del paradero de sus familiares desaparecidos y/o ejecutados extrajudicialmente, y la posibilidad de darle una sepultura digna. Exhumaciones en área urbana Desde inicios de 2010 está realizándose la investigación antropológico forense en el Cementerio La Verbena de la capital guatemalteca, donde por varias décadas se han enterrado en fosas comunes los cuerpos de personas muertas no identificadas, conocidas como XX, entre ellas víctimas de desapariciones forzadas en la Ciudad de Guatemala en los años más intensos de las violaciones de derechos humanos. El equipo de FAFG, en este período, trabajó en dos osarios. Los resultados son:
En 2010, la Organización Guatemalteca de Acreditación (OGA), adscrita al Ministerio de Economía, oficializó la acreditación internacional del Laboratorio de Genética Forense de FAFG, como laboratorio de ensayo conforme a la norma COGUANORNTG/ISO/IEC 17 025:2005. Se destacó que hay mejora en instituciones del Estado, especialmente el MP, entidad que autoriza se realicen exhumaciones e inhumaciones, aunque persisten rezagos que dificultan los avances. Los procesos se sostienen gracias a la acumulación de voluntades, especialmente de familiares que mantienen interés en la búsqueda de forma organizada o individual, aunque la |
perspectiva de resarcimiento económico distorsiona la visión de reparación integral y a veces motiva conductas sin ética. La falta de nichos o panteones para inhumaciones ha sido reportada con frecuencia por las OSC de acompañamiento jurídico y psicosocial porque impide concluir procesos de duelo; muchas familias no pueden cubrir los gastos o bien exigen que el Estado financie la construcción de los nichos, por su responsabilidad en los crímenes. En PAJUST ha apoyado en dos ocasiones la gestión de este financiamiento ante PNR, pero se espera que las nuevas autoridades de SEPAZ encuentren mecanismos de atención sostenibles a esta demanda.
Acompañamiento psicosocial Las OSC que dieron en 2010 el acompañamiento psicosocial son: ASOMOVIDINQ, ASOQ'ANIL, Ajkemab’ Rech K’aslemal, Centro Maya Saqb’E; ECAP- Equipo Comunitario de Acción Psicosocial; GAM, MOVDES, Oxlajuj y Tierra Nueva – ONG. Las organizaciones brindan el acompañamiento psicosocial en diversas etapas del proceso (antes, durante y después de exhumar) y reportaron en el período la atención de al menos 154 casos, con diversas actividades que pueden dividirse en: a) terapias individuales y familiares, grupos de autoayuda; y b) actividades colectivas: talleres motivacionales y de reflexión, encuentros comunitarios e intercomunitarios, intercambios grupales de víctimas, caminatas comunitarias por la dignificación de las víctimas, coordinaciones de organizaciones y talleres o círculos de sensibilización dirigidos a sectores varios como el educativo, autoridades comunitarias, entre otros. Componente 4. Derecho a medidas de no repetición: La COPREDEH ha logrado instalar y consolidar el Foro interinstitucional con la participación de 32 entidades públicas para dar seguimiento a las recomendaciones en materia de DDHH al Estado de Guatemala. Para el establecimiento de este foro se partió del hecho de que el Estado debe fortalecer la coordinación para la preparación de los informes de Estado ante los organismos internacionales, con carácter convencional y no convencional, así como el seguimiento de las recomendaciones emitidas por los Órganos creados en virtud de tratados internacionales de derechos humanos, de Relatores Temáticos y de otros mecanismos de supervisión internacional en materia de derechos humanos. Se realizaron 7 reuniones en que se entregaron las recomendaciones a las instituciones involucradas y se trabajaron los planes de seguimiento para implementar las recomendaciones de los 5 grupos temáticos que comprenden: Seguridad y Justicia, Pueblos Indígenas, Mujeres, Niñez y Adolescencia, y Desarrollo. COPREDEH realizó el Diplomado Formador de Formadores en Derechos Humanos, en convenio con la Universidad de San Carlos de Guatemala dirigido a 62 funcionarios y/o empleados: COPREDEH, Academia de la Policía Nacional Civil (PNC), Sistema Penitenciario, Programa Nacional del Sida, Escuela de Estudios Penitenciarios, Sociedad Civil, Organismo Judicial (OJ), PNC, Dirección de Estudios Penitenciarios, Secretaría de Bienestar Social (SBS) y Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC); de estas instituciones participantes, 9 son instancias del Organismo Ejecutivo. Por otro lado, COPREDEH ha logrado la apertura de 2 nuevas sedes, en Nebaj y en Coatepeque; a su vez fortaleció cuatro sedes regionales en Huehuetenango, San Marcos, Suchitepéquez y Petén; se contrataron promotores, se adquirió mobiliario y equipo y está en proceso adquisición de vehículos. También se diseñó y actualmente en implementación la Campaña para la Dignificación de Defensores de DDHH en 22 departamentos. Primera parte realizada con la difusión radial de 8 microprogramas en el 75% de emisoras comunitarias del interior de Guatemala en los idiomas español, mam, K’iche’ Kaqchikel y Q’eqchi’ y se colocaron vallas en los 22 departamentos. El otro socio del PAJUST en este componente es el Instituto Internacional de Reconciliación Social (IIARS) que avanza en fortalecer su capacidad para sensibilizar y formar funcionarios públicos, estudiantes, maestros y organizaciones sociales con el objetivo de prevenir nuevos conflictos sociales y promover relaciones ciudadanas respetuosas. Se implementaron tres cursos básicos de formación y sensibilización y discriminación, mediante 10 procesos realizados y 13 jornadas de diálogo, con participación de 357 maestros/as (207 docentes en servicio formados bajo la modalidad de curso básico; 150 docentes) y además 111 técnicos del MINEDUC bajo modalidad de jornadas de reflexión, entre otras actividades. Componente 5. Red articuladora para la justicia de transición: Durante el período del reporte se realizaron tres reuniones de la JCE en las cuales se logró la socialización de dos Planes Operativos Anuales (POA) articulados de 2010 y 2011; actualización de avances en todos los componentes del programa; definición de compromisos y acuerdos sobre complementariedad, coordinación y articulación en los componentes. En el primero de los cinco años de ejecución de PAJUST, las iniciativas de los socios implementadores y la gestión articuladora han dado un impulso fundamental para sentar las bases y obtener los primeros resultados tangibles en el ámbito de la justicia de transición, que con toda seguridad puede afirmarse no tiene precedentes en la historia guatemalteca. En 2010, tanto el Estado como las organizaciones sociales fortalecieron sus capacidades e incrementaron la atención a víctimas del CAI en el marco de la provisión de medidas de reparación, aunque hace falta mayor diálogo y consenso entre ambos sectores.
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