Familiares de Pocohil, agredidos continuamente El día 29 de mayo de 2009, durante la investigación antropológica forense del caso FAFG 1115 en el cantón Pocohil Primero, Chichicastenango, Quiché, fueron objeto de insultos, amenazas e intimidaciones originadas por un grupo de pobladores, al punto de tener que salir huyendo del lugar, peritos de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala FAFG y familiares de las víctimas enterradas en fosas clandestinas de esta comunidad y miembros del Consejo Nacional de las Comunidades para el Desarrollo ntegral de Guatemala CONCODIG. A pesar de las intimidaciones recibidas por la mañana, los familiares quienes son parte de la comunidad retornaron por la tarde acompañados de miembros de la Policía Nacional Civil, Procuraduría de Derechos Humanos y Miguel Quiej de CONCODIG, pero las personas aún estaban molestas y con actitud desafiante, los acusaban de ser exguerrilleros, de portar armas de fuego y de amenazar a Diego Martín Salvador quien es pastor evangélico en la comunidad, exmiembro de las Patrullas de auto defensa civil y según los familiares, uno de los implicados en la masacre del 10 de junio de 1982. Los familiares junto a la comisión mediadora que los acompañaba discutieron sobre lo ocurrido y las personas implicadas en los hechos redactaron un acta con información falsa, indicando la mediocridad del trabajo que realiza CONCODIG, y que los familiares portaban un arma de fuego con la que junto a miembros de la FAFG fueron a buscar al señor Diego Martín Salvador indicando que los amenazados fueron ellos, relatando hechos que no ocurrieron para desligarse de los delitos que cometieron al amenazar e intimidar a familiares y miembros de la FAFG, incluso solicitaban que se les pagara el día que se les había hecho perder por los problemas que los familiares ocasionaron a la comunidad. El jefe de la Policía Nacional Civil indicó a los familiares que firmaran el acta para terminar con los enfrentamientos y por temor a que la situación se tornara violenta nuevamente. Los familiares fueron coaccionados a firmarla, por parte de los intimidadores fue firmada por miembros del Consejo Comunitario de Desarrollo COCODE y autoridades del Centro de Salud de la Comunidad. |
|
Después de la firma del acta, considerando que se resolvía el problema, la comisión mediadora se retiro del lugar quedando sólo los familiares, fue cuando se les indicó que correspondía la aplicación del derecho maya, en ese caso azotar a los hombres y rapar a las mujeres para que sintieran la vergüenza de su culpa por ocasionar tantos problemas a la comunidad, manifestando que el castigo era para Jerónimo Guarcas Macario, Manuel Sicaj Mejía, Manuel Salvador Panjoj, sus familias y para los hombres que trabajaron en la fosa aunque eran de distintas comunidades y solamente habían sido contratados para realizar un trabajo, al final se accedió a no cortarle el cabello a las mujeres y azotaron a los hombres, todos fueron coaccionados y amenazados indicándoles que si ponían una denuncia más ya no había perdón sino los mataban.
En los días siguientes a las familias de Jerónimo Guarcas Macario Manuel Sicaj Mejía y Manuel Salvador Panjoj se les quito el derecho a agua en sus viviendas y los involucrados en las amenazas e intimidaciones empezaron a extorsionarlos cobrándoles para que se les reconectara una suma como indemnización de lo ocurrido y para cubrir los gastos y honorarios de un abogado que los asesoró ante la situación que generó los delito Estos son algunos de los problemas y limitaciones que han sufrido los familiares, generados porque solicitaron su derecho a justicia por medio de la recuperación de sus familiares, convirtiéndose también ellos en víctimas, desde esos días cualquier problema o delito ocurrido en el poblado se les inculpa, la situación se fue tornando cada día más hostil hasta que algunos de ellos tuvieron que dejar la comunidad. Manuel Sicaj y Jerónimo Guarcas abandonaron sus viviendas, se trasladaron a la ciudad y aún así se emite amenazas en su contra. |
Por los hechos ocurridos el día 29 de mayo, miembros de la FAFG presentaron su denuncia ante el Ministerio Público el día de 08 de junio y posteriormente fue ratificada por Daniel Jiménez y Eddy Joaquín, a quienes se les acusó ese día en el poblado de ser miembros de la guerrilla y ladrones, además se les advirtió que serían linchados si volvían a la comunidad. El día 15 de junio se hizo la negociación con los hostigadores que tenían retenido el vehículo de la FAFG en la comunidad de Pocohil, el fiscal Crisanto Ulario Yac a cargo de la negociación, dijo que fue bastante difícil, incluso recibió insultos de estas personas y conversó con ellos desde las 17:00 hasta las 21:00 horas cuando al fin accediendo dejar salir el picop. Durante el tiempo que duro la discusión en las afueras de la comunidad permanecieron miembros de la PNC por si surgía algún enfrentamiento que ameritara su traslado hacia el lugar y Clemente de León Oficial de Incidencias de la Procuraduría de Derechos Humanos como observador, el señor Luis Zetino y Alexander García de la FAFG esperaron el resultado de la negociación en Chichicastenango, no se trasladaron a la comunidad para no generar más problemas, debido a que en repetidas ocasiones han indicado que no desean que ingrese a ella ningún miembro de la FAFG. A recuperar el vehículo se realizó un inventario de lo recuperado, constatando que no se robaron palas, piochas y equipo de trabajo de campo sino lo que se extrajo fue la caja que contenía los documentos como discernimiento de cargo y fichas arqueológicas. Al vehículo se le ocasionaron varios daños, por lo que se envió a reparación. Junio 2009 |
