Entrevista: Manuel Vásquez (Segunda Parte) En relación a tiempos de las investigaciones, por la cantidad de casos, en este aspecto a seguimos desorganizados, la temática de trabajo se ha convertido en los casos en los que ya tenemos tiempo limitado con alguien detenido, es necesario trabajarlos mucho más, que los que están en investigación, porque los plazos se acortan y se debe presentar las acusaciones y toda la prueba recabada, debemos trabajar más de lleno en esos y un poco menos en los otros. La fiscalía está en reestructuración por lo que esperamos que ha futuro sea más eficiente y de muchos más resultados y frutos de los que en la actualidad, la contratación de más personal está en puerta. Asimismo es positivo que hoy por hoy, por lo menos la Cámara Penal tiene la buena voluntad de agilizar cada uno de los procesos o sobre todo los relativos a violaciones a los derechos humanos, inclusive la implementación de gestión de casos o los horarios de las audiencias, eso es bastante útil porque acelera las diferentes audiencias y facilita la burocracia a la que estábamos acostumbrados (todo por escrito y todo con extremo formalismo) esto ha venido a ayudar, la limitación externa es la falta de colaboración del Ministerio de la Defensa y la información que ahora se solicita a la policía porque a veces no se puede contar con ella, lo cual viene a entorpecer la investigación o la averiguación de los hechos.
Desarrollo de algunos casos: En el caso de Fernando García la apertura esta para el 19 de julio a las 9:30 horas posterior a la apertura de juicio, son tres días para ofrecer la prueba y en esa audiencia señalan la fecha de debate la cual depende de la calendarización del Tribunal Octavo de Sentencia que sería el competente en ese caso. En el caso de Las Dos Erres, tenía fecha para el mes pasado (junio) pero se suspendió por la solicitud a la Cámara Penal de la Corte Suprema de la competencia ampliada, en donde se pedía que el Juzgado Primero pueda conocer sobre la investigación y diligencia del caso que se tramitará en Guatemala y no en Petén por el riesgo para movilizar testigos o la movilización de las partes hasta Petén. El caso del Cementerio La Verbena, inicialmente lo llevábamos nosotros e hicimos las solicitudes para que se desarrollara la exhumación, posteriormente se dividió en las agencias. En los casos de genocidio se han trabajado varias entrevistas de familiares y se tiene la información de las exhumaciones que se han realizado, algunas las practicó la FAFG, otras CAFCA y algunas el Equipo Argentino de |
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Antropología Forense. Los casos se están trabajando con CALDH, ellos son los que han apoyado en la localización de las víctimas y algunas cuestiones relativas a los casos. Relación con organizaciones sociales: Esta relación es una ventaja, parte de los cambios que ha tenido la Fiscalía de Derechos Humanos la cual tienen una política de puertas abiertas para las organizaciones, se originó porque lamentablemente las víctimas de ese tipo de casos de lesa humanidad no confían en las instituciones públicas y como el Ministerio Público es parte del Estado si se les busca se esconden, huyen, desaparecen, se cambian de residencia, esto por la persecución que han vivido alrededor de tantos años, al trabajar directamente con las organizaciones la ventaja es que confían un poco más en ellos, porque no representan al Estado, las organizaciones hacen el enlace o el acercamiento para que se les pueda entrevistar, para obtener la información que poseen, en ese sentido estamos trabajando con la Fundación Rigoberta Menchú, Fundación Myrna Mack , la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, Fundación de Antropología Forense de Guatemala, Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, Grupo de Apoyo Mutuo con quienes estamos trabajando el caso de Fernando García porque tenían información y Familiares de Detenidos-desaparecidos de Guatemala que es el querellante en el caso de Las Dos Erres y del caso del Jute en Chiquimula, entre otras organizaciones. Contacto con personas y víctimas: Parte del contacto con las víctimas son las entrevistas o el apoyo que se les pueda ir dando en relaciona a terapias psicológicas o mandarles a hacer los peritajes psicológicos, pero no es mucho lo que se trabaja en ese sentido, tal vez a futuro se tenga una unidad de apoyo a la víctima aunque el MP cuenta con una Unidad General no básicamente de casos del Conflicto Armado que son un poco más complejos. Las personas lo que buscan cuando se avocan a la fiscalía es justicia, mística de trabajo, todos vienen y quieren ver un resultado positivo, ver a alguien detenido, que se esclarezca o que se logre dar con el paradero de los restos de sus familiares por lo menos, algunas veces es bastante complicado, parte de esa lucha son los compromisos que se han adquirido y los enlaces que se tienen con FAFG que empezaron una tarea colosal en el caso de la Verbena, no con recursos del Estado sino consiguiendo recursos en el extranjero para que las víctimas secundarias vayan a dar sus muestras de ADN, a efecto de que a futuro se pueda localizar a sus familiares que fueron asesinados en esa época tan obscura
Solicitud de justicia: La petición de justicia en estos casos es un gran reto y compromiso, es difícil garantizar el éxito en |
ese tipo de casos, pero como profesional del derecho puedo ver que en todos los casos Guatemala necesita que se confié en el sistema de justicia, necesita que las gente colabore dando declaraciones, proporcionando la información y tenemos el compromiso de hacer lo necesario para que estos casos caminen y se obtenga un resultado positivo, es complicado con la cantidad de impugnaciones que se plantean o por la poca información que se cuenta. Antes de estar en esta fiscalía sabia a pequeña escala los problemas y violaciones que se dieron durante el conflicto armado, lo poco que aprendí en la maestría; cuando entre acá obtuve información más completa, soy del área de Jutiapa y en este departamento no se sufrió secuelas del conflicto armado como en el área de occidente, pero lo que vemos acá es la realidad, las cifras de más de 45,000 personas asesinadas y desaparecidas.
Es increíble, antes de llevar a juicio uno de estos casos uno cree que los años borran la memoria de las víctimas, pero al estar en audiencia uno puede ver cuando dan su testimonio las víctimas colaterales (los padres, hermanos, hijos de las personas que fueron asesinadas y desaparecidas) es increíble pero sigue siendo un dolor latente, un sufrimiento latente o esa esperanza que los mantiene vivos, esa lucha de búsqueda de justicia para ellos no pareciera que ha transcurrido el tiempo, ha transcurrido en el desgaste emocional de seguir tocando puertas y seguir luchando, pero el dolor persiste; pienso que hasta que no tengan justicia las personas van a seguir clamando y sufriendo para que se pueda hacer algo en los casos y la gran mayoría tiene miedo de colaborar por el riesgo que aún implica colaborar con este tipo de investigaciones o por las personas que están involucradas. Siento que tenemos la obligación de investigarlos y llevar a juicio a las personas responsables, es obligación del Estado así como la obligación Internacional por las propias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le ordenan a Guatemala en los casos en los que no se ha hecho nada, como el de Las Dos Erres, que no se ha llevado a juicio a nadie, el Estado tiene la obligación de investigar de llevar a juicio y obtener una sanción para la gente que fue responsable, en este caso no fue una muerte fueron más de 200; son muchas muertes las que están en la impunidad y el hecho de no obtener justicia, genera un vacio, la única forma de compensar y resarcir es obtener una sentencia y saber la verdad de lo que pasó con esas víctimas. Fuente: Entrevista a Licenciado Manuel Vásquez, Fiscal Fiscalía de Derechos Humanos, Ministerio Público, julio 2010. puede leer la 1ra parte aquì. |
