Reclamo de memoria y justicia por crímenes de lesa humanidad

Genocidio sin investigar en GuatemalaPublicado el 8 de Marzo de 2011
Por Alejandro Linares

El país centroamericano sufrió una guerra civil que se extendió por 36 años. En 2007 se aprobó una ley para la creación de una comisión investigadora que todavía está congelada en el Congreso Nacional. El ejemplo argentino.

Los años transcurridos desde el Acuerdo de Paz en 1996 no han sido suficientes para reconstruir la memoria histórica en Guatemala. Tampoco la justicia de ese país ha castigado a los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado.

Hace unos días, en ocasión de conmemorar el Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado, las organizaciones de Derechos Humanos volvieron a demandar al Congreso de ese país centroamericano que apruebe la Ley 3590, congelada desde 2007. Esta norma propone la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Víctimas de Desaparición Forzada. Según las asociaciones que presionan para su aprobación, esta ley obligaría al Estado a investigar las desapariciones y a conocer las historias detrás de ellas. “El objetivo es crear un registro único de personas desaparecidas, porque sólo conocemos el nombre de 6 mil de 45 mil desaparecidos. Cada una de las organizaciones ha realizado búsquedas con resultados positivos. Pero es una labor que le corresponde al Estado, y con sus recursos sería más viable”, afirma Alexander García, asesor legal de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG).

Fueron 36 años de un conflicto armado que desangró al país con un saldo difícil de igualar en América Latina. El histórico informe Memoria del Silencio reveló que hubo 200 mil muertos, 45 mil víctimas de desaparición forzada y 1 millón de desplazados durante esos años. El documento fue elaborado por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, organismo independiente e internacional creado para investigar los hechos registrados entre 1960 y 1996, período signado por dictaduras militares. El mismo informe responsabilizó por el 93% de los crímenes de lesa humanidad a las fuerzas militares del Estado guatemalteco.

Estas cifras llevaron en 2004 al entonces presidente, Oscar Berger, a crear la Comisión Nacional de Resarcimiento. Sin embargo, la asociación Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (Famdegua) volvió a reclamar este año que esa iniciativa sea una ley del Congreso. “Es necesario para que sea un programa integral y tenga más fondos”, afirma Aura Elena Farfán, presidenta de la entidad, y explica la demanda: “Dignificar a las víctimas es mantener la memoria y darnos la verdad a los familiares. Además, esperamos la aplicación de la justicia por las muertes y desapariciones. Y queremos terminar con el duelo, porque no sabemos donde están los desaparecidos”.

Las escasas respuestas del Congreso a las leyes presentadas y la lentitud de la justicia guatemalteca llevaron en 2008 al actual presidente, Álvaro Colom, a reconocer la verdad que impulsa los esfuerzos de los organismos de Derechos Humanos: “En Guatemala hubo genocidio, etnocidio y también la destrucción sistemática de líderes religiosos, políticos, sociales, universitarios e indígenas.” Sin embargo, la contundencia de aquel reconocimiento sigue sin tener repercusiones políticas y legales sustantivas. “La justicia todavía tiene una gran deuda. Sólo hubo tres sentencias en casos de desaparecidos. Apenas diez personas han sido llevadas a los tribunales. Sigue prevaleciendo la impunidad como denominador común”, concluye Mario Minera, director del Centro de Atención Legal para los Derechos Humanos (CALDH).

El etnocidio al que se refirió Colom se desprende de la particularidad que tuvo el terrorismo de Estado en Guatemala: “La gran mayoría de las víctimas pertenecían al pueblo maya”, recuerda Minera. Además de las disputas territoriales como una de las explicaciones del ensañamiento contra las comunidades indígenas, Claudia Rivera, de la FAFG, explica: “En teoría, en el área rural, las personas les daban acogida a los guerrilleros y, por esto, se arrasaba el lugar completo. Por ejemplo, hubo toda una comunidad que fue reducida a cenizas. En el campo, las poblaciones más afectadas fueron los indígenas, y en el área urbana eran en su mayoría sindicalistas, personas que participaban de cooperativas y estudiantes.” La demora en el juzgamiento de estos crímenes tiene esperando a las numerosas comunidades que aún mantienen vivas 22 lenguas indígenas en Guatemala.

Las organizaciones hablan de fosas clandestinas, entierros ilegales en cementerios, arrasamientos de comunidades enteras, adopciones ilegales, masacres y ejecuciones en destacamentos militares. Fueron los distintos crímenes de lesa humanidad que hasta el momento han merecido escasa atención desde los poderes del Estado en el país centroamericano. Alexander García, de la FAFG, ejemplifica el contexto adverso: “De los 158 diputados que hay en el Congreso, los que son seguros aliados de nuestras demandas son cuatro. El resto es indiferente o apático.”

Los motivos de la apatía generalizada del sistema político para revisar el pasado en Guatemala son resumidos por Evelin Blanco, del Centro Internacional para Investigación en Derechos Humanos (CIIDH): “Muchas personas que están legislando tienen que ver con la impunidad del pasado. No les interesa que caminen esas leyes de búsqueda de desaparecidos porque eso viene a mover situaciones que les afecta.” Además, las próximas elecciones generales de septiembre no permiten hacer pronósticos positivos en las exigencias de la reconstrucción de la memoria histórica. “La coyuntura es bastante negativa. Una de las bancadas más gruesas está integrada por el Partido Patriota, cuyo líder máximo y precandidato a presidente es un ex militar en buena medida vinculado con el proceso de desaparición forzada, Otto Pérez Molina. También hay una bancada del Frente Republicano Guatemalteco, cuyo líder es Efraín Ríos Monnt, acusado de genocidio por su responsabilidad como presidente de facto entre 1982 y 1983”, evalúa García.